Elena Valenciano

En España, afortunadamente, no hay ninguna familia amenazada. El gobierno de Zapatero es, probablemente, el que más ha trabajado y legislado en favor de la familia en toda la historia de la democracia.

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Los Derechos Humanos han sido la estrella del último pleno en Estrasburgo. Coincidiendo con la proclamación solemne de la Carta de los Derechos Fundamentales, con la presentación del informe 2007 del Consejo Europeo sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y con la denuncia de la grave violación de los derechos de las mujeres en Irán, el Parlamento Europeo ha entregado el Premio Sájarov a la libertad de expresión a Salih Mahmoud Osman.

Este abogado sudanés de derechos humanos trabaja desde hace más de dos décadas con la Organización Sudanesa contra la Tortura, ofreciendo ayuda y asistencia legal de forma desinteresada a las víctimas de abusos y torturas en Sudán.

Su voz ha sido una de las que más se han alzado para denunciar una de las crisis humanitarias más graves de nuestra historia: Darfur. En esta región al oeste de Sudán, miles de personas viven en el infierno de la guerra, de la barbarie, del abuso, de la miseria y la desolación desde el 2003.

Seguiremos trabajando desde el Parlamento Europeo para que estas voces limpias y comprometidas nunca callen.

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Este mapa refleja la visión del mundo que tiene el PP. Si hay una materia en la que el Partido Popular no puede dar lecciones a nadie es en la política exterior. La gestión del último gobierno de Aznar de las relaciones internacionales es, posiblemente, la peor de la historia de la democracia.

Aznar rompió todos los lazos trabados con nuestros socios y vecinos por los distintos gobiernos españoles y situó a España fuera de la senda de la diplomacia constructiva. Y, así, perjudicó nuestros intereses y traicionó los valores dominantes en nuestra sociedad, a saber, la defensa de la paz, de la igualdad, de la justicia y la equidad y de los derechos humanos.

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Más de 2,5 millones de personas en el mundo son víctimas de la trata, una cifra que aumenta de forma alarmante debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados y a la multiplicación de las mafias que trafican con personas.

El Gobierno español, en su compromiso con el desarrollo y la mejora de la situación de los menos favorecidos, ha dado un paso más y ha eliminado las barreras fronterizas con las que se topaba la justicia española en la lucha contra estos crímenes.

A finales de noviembre, el Parlamento español reformó el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir el tráfico de seres humanos entre los delitos de jurisdicción universal, es decir, que podrán ser perseguidos por la justicia española aunque hayan sido cometidos por ciudadanos extranjeros fuera de nuestras fronteras.

Hasta ahora, las autoridades españoles carecían de poder para perseguir, por ejemplo, a las mafias de inmigración clandestina responsables de los centenares de personas que llegan en cayucos a las costas españolas porque operan desde África.

Ahora, el trafico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadoras, se suman a los siete supuestos en los que los tribunales españoles tienen ya competencia universal por Ley: el genocidio, el terrorismo, la piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, la falsificación de moneda extranjera, los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces, el tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes y, por último, los delitos relativos a la mutilación genial femenina.

Todavía queda mucho camino por recorrer en la lucha contra el tráfico de personas pero, sin duda, este paso en firme supone un importante avance que, junto a otros, han hecho de España un referente europeo y mundial en la defensa de los derechos humanos y el compromiso con el desarrollo y la mejora de la situación de los menos favorecidos,